"Claves para entender la LGE "

En los Últimos meses, los alumnos secundarios y universitarios han iniciado una serie de protestas, marchas, paros y tomas, con el fin de exigir cambios radicales en la estructura educacional chilena. Dentro de este complejo escenario, el rechazo a la cuestionada Ley General de Educación se ha transformado en un estandarte de lucha estudiantil que muchas personas desconocen.

Uno de los principales temas que ha mantenido a los alumnos de educación superior y media movilizados este año es la Ley General de Educación (LGE), la que se votará próximamente en el Congreso. La LGE se creó en respuesta a la controvertida Ley Orgánica Constitucional de Enseñanza (LOCE) promulgada en marzo de 1990, la que realza el derecho a la libertad de instrucción y a la libre empresa por encima del acceso igualitario a la formación de los alumnos. Según el Ministerio de Educación, existen ventajas comparativas entre la LGE y la LOCE, ya que ésta última es pragmática en principios y fue pensada por el problema del ingreso a las escuelas. Asimismo, se le cataloga de simplista por tener como referente a sólo los tres grandes niveles de educación: básica, media y superior; además de ignorar las transformaciones aceleradas de la sociedad del conocimiento, la globalización y las nuevas tecnologías que influyen en el proceso formativo.Por otra parte, el Gobierno sostiene que el nuevo cuerpo legal busca regular el actual sistema escolar, entregando normas para asegurar un buen servicio educativo y propone una serie de derechos y deberes para fomentar la participación activa dentro del proceso de aprendizaje.La LGE pretende evaluar los estándares en la educación y generar instancias técnicas y pedagógicas para solventar este proyecto. También se promueve la transparencia del sistema exigiendo la publicación y libre acceso a la información de proyectos educativos, resultados académicos, evaluaciones docentes y recursos financieros.En resumen, la orientación de la LGE apunta a corregir la LOCE para terminar con la discriminación y garantizar la calidad de la enseñanza. Más aún, establece un nuevo marco regulatorio para la educación pública y privada, haciendo compatible la libertad de instrucción con el derecho de todos los chilenos a una formación de calidad.